Publicado el Domingo, 29 Junio 2014
El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado parcialmente la demanda interpuesta contra El Agitador por el ex fiscal coordinador de Lanzarote, Miguel Pallarés, condenando al administrador de la web y a la Asociación Cultural El Agitador a indemnizarle con 15.000 euros por entender que ha existido vulneración al honor por el texto de la viñeta titulada “Demolition man”.
La sentencia civil se suma así a la penal que tuvo lugar el pasado año, donde Miguel Pallarés interpuso querella, por la que El Agitador fue condenado a pagar 12.000 euros de indemnización y 8.000 de multa, más las costas, por la viñeta titulada “El fiscal mudo”. Por esa sentencia, las nóminas de dos ex integrantes de El Agitador son embargadas cada mes hasta completar el pago. Así, en cuestión de 14 meses, la web ha sido condenada a pagar alrededor de 38.000 euros.
En esta nueva sentencia, la magistrada Beatriz Rallo Valluerca entiende que la viñeta, que trataba satíricamente la situación legal en la que se encuentra la vivienda del fiscal Pallarés en el polémico plan parcial La Bufona de Arrecife, supone una intromisión en el honor del fiscal. “Mal se compagina con la libertad de expresión o el derecho a la crítica, la insinuación y la sospecha de comportamientos no éticos, e incluso delictivos, sobre una persona que ejerce una función pública”, dice la magistrada en la sentencia. Hay que recordar que Miguel Pallarés es propietario de una vivienda en situación de “ilegalidad manifiesta” según la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que tiene 246 metros cuadrados mientras en las escrituras solo constan 96 metros cuadrados.
La viñeta mostraba a Miguel Pallarés caracterizado como Chiquito de la Calzada, fue publicada el día 18 de febrero de 2011, y el titular rezaba “Miguel Pallarés demolerá personalmente su casa de La Bufona”.
Para justificar el fallo, la sentencia recoge que “expresiones [incluidas en el texto de la viñeta] tales como “sorprendió a propios y extraños al anunciar su intención de demoler personalmente su casa”, “ya no me quedan excusas, si estoy en contra de la corrupción tengo una oportunidad inmejorable de demostrarlo”, “…comprarme un kit de demolición y me lo tomaré como un hobby de fin de semana, pero mi conciencia quedará al fin tranquila”, “es importante que no nos acostumbremos a la corrupción, aunque sea pequeña, porque al final acabaremos viviendo en un Estado podrido” ,”fuentes cercanas al fiscal aseguran que… esas palabras no eran suyas, sino que alguien las decía a través de él”, en absoluto resultan aisladamente consideradas ultrajantes o vejatorias, si bien para el común de las personas en su conjunto parecen aludir a una persona que no lleva una vida correcta [...] y que por algún motivo no tiene la conciencia tranquila respecto a la legalidad de su casa, subyaciendo una insinuación de corrupción generando dudas de la probidad profesional del demandante que pueden dañar su imagen profesional pública y respecto al resto de compañeros”.
El Agitador volvió el mismo día en que se le notificó la sentencia, el 26 de junio de 2014 y hemos dado orden a nuestro equipo jurídico para que recurra las sentencias hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si es preciso. Al mismo tiempo, hemos habilitado en elagitador.com una sección para todos aquellos que deseen colaborar económicamente con la web.
Ante esta situación, queremos trasmitir públicamente que:
El Agitador responderá con más humor, con más contenidos y con más risas. Parece confirmarse el rumor de que el miedo está cambiando de bando. Asistimos a los últimos coletazos de un sistema en decadencia, formado por políticos en decadencia, empresarios en decadencia y jueces y fiscales en decadencia. Frente a ellos, una sociedad que demanda democracia, transparencia y defensa real de los intereses de los ciudadanos, quiere lanzar un mensaje muy claro: somos demasiados los que vamos a empujar para cambiar este sistema desde abajo.
No vamos a acostumbrarnos a ver a diario en los medios de comunicación la actitud complaciente de la Justicia con los poderosos, cómo estos burlan las leyes para evadir impuestos, y consiguen del gobierno reformas laborales a medida. Junto a esa realidad, resulta una broma de mal gusto que unos pelagatos de Lanzarote tengan que pagar 38.000 euros por ironizar sobre un fiscal en ejercicio, trabajador público de la justicia, que tiene parte de su casa en suelo rústico especialmente protegido.
Reforzamos nuestro compromiso con la transparencia frente a la “línea dura” planteada por el Gobierno del Estado Español, en su afán por criminalizar la protesta social y por recortar libertades fundamentales como la libertad de expresión, lanzando a los ciudadanos el mensaje de que con determinadas instancias no está permitido siquiera bromear. Pudimos comprobarlo hace pocos días con la censura impuesta a los compañeros de la revista El Jueves en relación a la Casa Real. Intentar acallar la protesta y la denuncia mediante la represión, sea policial o sea judicial, contribuirá decisivamente a aumentar la presión social contra este sistema desquiciado, que echa a la gente de sus casas para que los mismos bancos a los que hemos rescatado los ciudadanos puedan seguir enriqueciéndose con ellas, que recorta derechos elementales, que privatiza servicios públicos esenciales, que encierra a trabajadores por participar en un piquete, y que compra medios de comunicación para distorsionar la realidad al dictado del poder.
Consideramos que una parte del aparato judicial del Estado, como ocurre en los ámbitos político y empresarial, ha devenido en una casta que se pretende intocable. La Justicia en nuestro país no pasa por su mejor momento. A los indultos arbitrarios perpetrados por el gobierno para favorecer a sus allegados, hay que sumar la dificultad demostrada para meterle mano a algunos sectores que a día de hoy parecen ser intocables: los banqueros, los grandes empresarios, la Casa Real y los miles de aforados que convierten a España en la vergüenza de Europa, donde la impunidad se ha convertido en seña de identidad. Son los jueces, al igual que los demás ciudadanos, los que deben ganarse su independencia y respeto. Merecemos una Justicia independiente del gobierno. El hartazgo que floreció con el 15M está comenzando a echar raíces políticas y al fin se vislumbra la posibilidad de que la mentira deje de ostentar el poder en nuestro país. Que así sea.
